Casas a 100 metros de la costa

Un total de 14 países mediterráneos han firmado en Madrid el Protocolo de Gestión Integrada sobre las zonas costeras del Mediterráneo, en el que se establece la prohibición de construir a 100 metros de la línea de costa, según explicó hoy la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, tras el acto protocolario.

La suscripción de este acuerdo sucede a la celebración la semana pasada en Almería de la XV Conferencia de las Partes del Convenio para la Protección del Medio Marino y la Región Costera de esta área (Convenio de Barcelona), y se convierte en el primer instrumento legal vinculante a nivel internacional sobre protección integral del litoral.

Sólo Turquía ha presentado una reserva de estudio al protocolo, según explicó el jefe de la División de Protección de Medio Ambiente y los Ecosistemas Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, Javier Cachón, en relación a la gestión integrada del litoral de las islas. Ahora, este país tiene dos opciones: firmar el resto del documento e inhibirse en esta parte o no firmarlo. En todo caso, Cachón recordó que basta con la ratificación de seis países para que la norma entre en vigor.

Tampoco firmaron ni la Comunidad Europea (que requiere de más trámites burocráticos) ni Líbano, Libia, Chipre, Bosnia-Herzegovina ni Egipto, que podrán hacerlo a lo largo del próximo año. Sí han firmado ya el protocolo Argelia, Croacia, Francia, Grecia, Israel, Italia, Malta, Montenegro, Marruecos, Eslovenia, Siria, Túnez y España.

Narbona subrayó la importancia de esta protección teniendo en cuenta que se prevé un retroceso entre 20 y 60 metros de la línea de costa en el litoral mediterráneo en 50 años por efecto del cambio climático. "Este es el desafío al que se enfrenta España", aseguró.

Afectados de la Ley de Costas
Por otra parte, la ministra aseguró que "aún no ha recibido el informe", que la plataforma de afectados por la Ley de Costas señaló que le había remitido y que hará llegar a la UE, y que sólo conoce el texto a través de los medios de comunicación.

La ministra explicó que "analizará con todo el rigor que merece un planteamiento que parte de unos ciudadanos que se ven afectados por dicha ley" y que espera obtener una "respuesta satisfactoria" por parte de la UE, si finalmente la Plataforma dirige ese informe a las autoridades europeas.

Narbona apuntó que cuando tenga el estudio intentará "poner de manifiesto, de forma documentada, cada uno de los casos de supuesto abuso que se contemplen en el texto y de cómo se ha llevado, en estos años, la Ley de Costas".

La titular de Medio Ambiente mantuvo que "en ningún caso se está aplicando la Ley de Costas con retroactividad" y añadió que "la Ley contempla situaciones transitorias que afectan a concesiones obtenidas antes de su aprobación".

Además, explicó que el proceso de deslindes es "garantista", ya que los ciudadanos que se consideren afectados pueden recurrir a los tribunales si no están de acuerdo con la decisión del deslinde correspondiente.

La ley establece garantía de derechos para los ciudadanos: tanto para los propietarios y para los que no siendo propietarios, tienen derecho al uso publico del litoral de acuerdo con la legislación vigente. Para la ministra el problema reside en que ha habido una insuficiente aplicación de la ley que ha llevado a la privatización al margen de la ley de un espacio público y que ahora hay que preservar, entre otras cosas, por los efectos del cambio climático.

Asimismo, explicó que el Convenio de Barcelona, que nace para reducir la contaminación, combatir la pérdida de diversidad y preservar las zonas costeras, tiene mucho que ver con la Ley de Costas, ya que supone la incorporación de determinados principios a la protección del litoral.

En concreto, al igual que con la ley aprobada en 1988, este convenio establece el compromiso de todos los países del mediterráneo de evitar la construcción en los primeros 100 metros de las costas.
Fuente: El mundo/vivienda

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