AYUDAS 210 EUROS SIGUE EL INTERCAMBIO DE GOLPES ENTRE MADRID Y VIVIENDA

La Comunidad de Madrid y el Ministerio de Vivienda no quieren entenderse y mientras no rija la cordura los jóvenes madrileños se quedan sin ayudas. Madrid es la única comunidad española donde no se ha tramitado ningún expediente para recibir las ayudas al alquiler de 210 euros que concede el ministerio que dirige Chacón.


En un comunicado, el gobierno de la CAM ha anunciado que solicitará a los jóvenes madrileños que han pedido la Renta Básica de Emancipación (RBE) "que presenten ante las ventanillas regionales la documentación que el Ministerio de Vivienda es incapaz de ofrecer sobre su nivel de ingresos".

Así, la Consejería de Vivienda, dirigida por Ana Isabel Mariño, enviará un requerimiento a los jóvenes solicitándoles un certificado de haberes, con el que se comprueba que el solicitante dispone de una fuente regular de ingresos, tal y como exige el artículo 2 del decreto que regula la Renta Básica de Emancipación.

Nos hemos visto obligados a pedir directamente a los jóvenes que trabajan por cuenta ajena la documentación que el Ministerio no nos facilita para que, de este modo, puedan cobrar esta ayuda en tiempo y forma", explicó Juan Van-Halen, director general de Vivienda, quien aseguró que "el Ministerio de Vivienda ha incumplido el convenio que firmó con la Consejería de Vivienda".

La Seguridad Social se defiende
Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social rechaza la denuncia de la Comunidad de Madrid y recuerda que, desde el pasado 1 de enero, tiene en marcha un procedimiento para que las comunidades autónomas que lo soliciten puedan acceder a la vida laboral de los solicitantes en el plazo de 24 horas.

Según la Tesorería, la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid no hizo la solicitud del servicio hasta el pasado 14 de febrero y sólo para un funcionario.

Debido a que se plantearon problemas con el acceso de ese funcionario a la base de datos de la Seguridad Social, la Tesorería sugirió a la Consejería que autorizase a más funcionarios, mientras se solucionaba el problema del primero.

Desde el 19 de febrero, dos funcionarias más están autorizadas, se precisa en el comunicado, en el que se afirma que la Seguridad Social no pone "ningún obstáculo" para que haya más. Al parecer, otras comunidades gobernadas por el PP como Murcia y Navarra están utilizando "sin problemas" estas autorizaciones desde primeros de febrero; mientras que Castilla-La Mancha lo hace desde finales de enero.

Madrid aduce problemas informáticos
Según el Gobierno madrileño, el Ministerio se había comprometido a facilitar todos los datos necesarios para que la Comunidad tramitara las solicitudes y comprobara que los solicitantes cumplían con todos los requisitos.

Para ello, el Ministerio eligió un sistema informático que desde la entrada en vigor de la RBE, el pasado 2 de enero, no ha permitido tener acceso a los datos de la Tesorería de la Seguridad Social ni de la Agencia Tributaria, añade el Ejecutivo de Esperanza Aguirre.

Desde enero, agrega la nota, la Consejería de Vivienda ha notificado estos problemas al Ministerio de Vivienda sin que hasta la fecha éste haya resuelto ninguno de ellos.

La nota emitida por el Gabinete Aguirre acusa sin tapujos a Chacón. "Ante la inoperancia demostrada por el Departamento de la ministra Carme Chacón, a finales del pasado mes de enero la Consejería de Vivienda se vio forzada a iniciar contactos directos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria para que estos organismos facilitaran la información con la que se comprueba que todos los solicitantes cumplen los requisitos", prosigue el comunicado.

Estas gestiones permitieron que el pasado día 22 de febrero la Agencia Tributaria y la Seguridad Social intercambiaran ficheros con la Consejería de Vivienda con información de los primeros 4.788 solicitantes.

Sin embargo, según la CAM, la Agencia Tributaria ha confirmado a la Consejería de Vivienda que no dispone de información para acreditar que los jóvenes solicitantes de la ayuda que trabajan por cuenta ajena disponen de una fuente regular de ingresos.

Esta es la razón por la que la Comunidad de Madrid se ve obligada a requerir a los trabajadores por cuenta ajena la presentación de un certificado de haberes que demuestre que tienen una fuente regular de ingresos, requisito obligatorio para percibir la ayuda.

Fuente: El mundo/vivienda

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